Así lo establece un estudio del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) basado en un contexto de reforma de usos del bosque, como sería la introducción de un permiso de recolección de setas. El estudio analiza los vínculos entre las relaciones sociales y los mecanismos de gobernanza en Poblet (Tarragona).

Según el estudio, los grupos decisores que agrupan diferentes colectivos del territorio apoyan tanto el diseño de las nuevas políticas como su implementación

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Los recolectores de setas son usuarios finales del bosque. CC0 Public Domain

El artículo, publicado en la revista Journal of Environmental Management, analiza las redes sociales en los procesos de diseño e implementación de una nueva medida. Según el estudio, los canales de información y colaboración que se establecen entre las personas que están involucradas afectan la aceptación de la medida.

Por una parte, si los gestores del territorio tienen en cuenta estos canales, pueden favorecer la implementación de las reformas. Por otra, evidencia que cuando los usuarios del bosque cuentan con canales para hacer escuchar sus preferencias, se fortalece la estructura social que rodea el proceso. Este hecho se traduce en una mejor adopción de la reforma.

Estos resultados contribuyen a la hora de crear estrategias de gestión de recursos naturales considerando las redes sociales de las comunidades rurales. Además, se muestran de utilidad para políticas que quieran coordinar las estrategias de los gestores forestales con las fincas vecinas.

Elena Górriz, investigadora del CTFC y autora del artículo, destaca la importancia que tiene la comunicación con los actores locales clave, como los representantes políticos y las organizaciones civiles. Para “coordinar bien tanto el diseño como la implementación de reformas de este tipo, los gestores del territorio deberían considerar sus peculiaridades, tanto a nivel de comunicación como de colaboración”.

Para poder llegar a estos resultados, entre 2014 y 2016 se realizaron entrevistas a los municipios del área de Poblet. Por una parte, en su red de decisores sobre el PNIN de Poblet; por otra, a los usuarios locales del bosque, como los recolectores de setas. Poblet es un área protegida, pionera en el establecimiento de una normativa que exige un permiso para poder recoger setas.

La gobernanza que tiene en cuenta las redes enriquece las estrategias tradicionales

El estudio muestra evidencia de cómo el capital social estructural de las comunidades rurales se interrelaciona con aspectos de la gobernanza y su dinámica en el momento de introducir una reforma en el sector forestal. Tal y como explica Górriz, “el trabajo de los técnicos en el territorio a menudo no sólo es como especialista en gestión del medio natural, sino que interactúa con estas relaciones sociales”.

Además, añade que “la gestión de estas relaciones facilita procesos que las pongan en valor a la hora de diseñar o implementar nuevas medidas”. Es por ello que a la hora de analizar las relaciones entre los que toman las decisiones políticas y los usuarios finales, el estudio baja hasta el nivel local, que es donde los objetivos de las políticas forestales se ponen en práctica.

En el caso de recursos forestales, el reto está en la coordinación entre gestores del territorio y los usuarios de los bosques de forma dispersa, como podrían ser senderistas, (moto) ciclistas o recolectores de setas. Si estos usuarios no se alinean alrededor de unas normas sobre la utilización de los recursos que comparten, podría convertirse en una “tragedia de los comunes” con consecuencias ecológicas, sociales y económicas, tales como el agotamiento de los recursos, conflictos o la reducción de los beneficios. La reforma de la gobernanza de estos usos busca, pues, un alineamiento en cuanto a prácticas y expectativas de los actores en el medio rural.

Más información:

Górriz-Mifsud E, Secco L, Da Re R, Pisani E, Bonet JA. 2017. Structural social capital and local-level forest governance: do they inter-relate? A mushroom permit case in Catalonia. Journal of Environmental Management 188 (1): 364–378. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.11.072